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La Reforma Woolf o las Civil Procedure Rules

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¿Has oído hablar sobre la Reforma Woolf? ¿Quieres conocer la transformación procedimental y terminológica que esta provocó en el sistema procesal civil de Inglaterra y Gales? En esta entrada te cuento todo lo que sé al respecto (y te regalo una lista de vocabulario descargable).

Un poco de historia…

El 26 de abril de 1999 marcó el inicio de una nueva era para el sistema procesal civil de Inglaterra y Gales, con la entrada en vigor de las Civil Procedure Rules 1998 (Ley de Enjuiciamiento Civil). A esta ley también se la conoce con el nombre de «Reforma Woolf» porque se basa en el informe Access to Justice[1], publicado en 1996 y redactado por la comisión presidida por el magistrado Lord Woolf.

 

Antes de la reforma, había dos conjuntos de leyes: las Rules of the Supreme Court, también conocidas como «The White Book», para los procedimientos celebrados en la High Court of Justice (Tribunal Superior) y en la Civil Division of the Court of Appeal (sala de lo civil del Tribunal de Apelación), y las County Court Rules, también llamadas «The Green Book», para los procedimientos celebrados en los County Courts (juzgados de 1.ª instancia en materia civil). Algunas de estas normas fueron incorporadas en las Civil Procedure Rules en forma de anexos (schedules).

 

La reforma del sistema procesal civil surge de la necesidad de resolver los problemas de los que adolecía el Common Law (Derecho anglosajón) del Reino Unido. Según Lord Woolf, este sistema se caracterizaba por el costo excesivo, la lentitud y la complejidad, que hacían que los procesos fueran ineficaces e impedían el acceso igualitario de todos los ciudadanos a la justicia.

 

Lord Woolf encuentra la explicación de estos defectos en la esencia misma del adversarial system (sistema o procedimiento acusatorio o contradictorio) propio de los países anglosajones. Los orígenes del sistema acusatorio remontan al concepto histórico del juicio por combate (trial by battle), introducido en Inglaterra por los normandos.

 

Dicho de forma simple, en el procedimiento acusatorio, ambas partes son consideradas como contrincantes en igualdad de condiciones que se disputan frente al juez, quien actúa como árbitro independiente, limitándose a escuchar el debate e interviniendo solo cuando es necesario aclarar cuestiones confusas. Antes de la reforma, las partes eran las encargadas de preparar el asunto, pues el principio de independencia judicial obligaba a los jueces a mantenerse indiferentes al conflicto que debían resolver para garantizar la justicia y la imparcialidad de su decisión.

 

Sin embargo, los detractores del sistema acusatorio señalan que, en muchos casos, las partes en realidad no se encontraban en igualdad de condiciones, por ejemplo, cuando un individuo se enfrentaba a una gran empresa. Según Lord Woolf, debido a las características propias del sistema acusatorio, que hacían que el proceso judicial se considerara como un «campo de batalla» en el que no existían reglas, las cuestiones relacionadas con los costes, los plazos, las negociaciones y la justicia solían pasar a segundo plano. Por tanto, quienes no podían soportar esas cargas se veían privados del derecho de acceder a la justicia.

 

En contraposición al adversarial system, encontramos el inquisitorial system (sistema o procedimiento inquisitivo) característico de los países con un Derecho codificado, como España. En estos sistemas, el juez desempeña una función mucho más activa en el proceso.

 

Las soluciones que propone Lord Woolf para resolver los problemas del procedimiento acusatorio (coste elevado, plazos extensos y complejidad) implican una transformación profunda del sistema, al trasladarse la responsabilidad de la gestión procesal de las partes al juez. Sin embargo, Lord Woolf aclaró que sus recomendaciones no pretendían reemplazar el procedimiento acusatorio por el inquisitivo, sino conservar las virtudes del sistema tradicional y dotar, a su vez, al juez de un rol más «intervencionista», al permitirle participar activamente en la investigación del asunto.

 

Objetivos de la reforma

 

Los objetivos principales de la reforma eran los siguientes:

  • garantizar el acceso a la justicia, fomentando la cooperación entre las partes y el uso de vías menos costosas que el proceso judicial;
  • reducir los costes procesales, teniendo en cuenta los recursos y el volumen de trabajo del órgano judicial;
  • garantizar la transparencia sobre los costes y las consecuencias del litigio para las partes;
  • simplificar las normas procesales, mediante el uso de calendarios de tramitación procesal (case management timetables) y limitando la cantidad de pruebas propuestas;
  • modernizar la terminología empleada en los procesos civiles.

 

Tracks

Vías procedimentales

Para ello, Lord Woolf propuso un sistema de tres vías procedimentales (tracks):

 

  • Small claims: vía procedimental para demandas de una cuantía inferior a 10 000 libras y para demandas por daños personales (damages for personal injuries) o a la vivienda (housing disrepair claims) de una cuantía inferior a 1 000 libras. El conflicto no debe requerir la presentación de una gran cantidad de pruebas y debe poder resolverse en una sola vista de carácter informal.
  • Fast track: vía procedimental para demandas de reclamación de cantidad comprendida entre las 10 000 y las 25 000 libras. El juicio no suele durar más de un día y las diligencias preliminares se limitan mediante la fijación de un calendario para controlar la cantidad de testimonios y de pruebas presentados. Los Small claims y los asuntos asignados a la Fast track se suelen sustanciar en los County Courts.
  • Multi-track: vía procedimental para la resolución de asuntos de una cuantía superior a 25 000 libras. Está reservada para reclamaciones complejas o de gran cuantía que requieren una mayor intervención procesal. Los procesos asignados a la multi-track se conocen en la High Court of Justice y no suelen durar más de una semana.

 

Por otro lado, para garantizar la asignación de los asuntos a la vía procedimental adecuada, nació la figura del juez de procedimiento (procedural judge), que se encarga de la dirección y el control del proceso desde la contestación de la demanda (defence) hasta el juicio, en el que intervendrán jueces de sala (trial judges).

 

Al recibir la contestación de la demanda, el juez asignará provisionalmente el asunto a la vía procedimental que considere adecuada, enviará a las partes una notificación de asignación de vía procedimental (Notice of the Proposed Allocation to Track) y les pedirá que completen el cuestionario de instrucciones (directions questionnaire) correspondiente a esa vía. En ese cuestionario, las partes deberán expresar su deseo, o no, de utilizar métodos alternativos de resolución de conflictos (alternative dispute resolution) para resolver sus diferencias, indicar las áreas de conocimiento pericial que desean que se examinen en el juicio y la cantidad de peritos y testigos que desean presentar, todo debidamente justificado.

 

Esta información le permitirá al juez confirmar que el proceso se asignó a la vía procedimental apropiada, en función de la cuantía de la demanda, la situación económica de las partes, la solución que éstas solicitan y la complejidad del proceso.

 

El aspecto más interesante de esta reforma desde el punto de vista de la traducción quizás sea la simplificación de la terminología procesal civil, que pretende facilitarle al ciudadano medio la comprensión del lenguaje jurídico. Por ejemplo, hoy día, ya no se habla de writ of summons (emplazamiento), sino de claim form (impreso de la demanda); la discovery (exhibición de pruebas) ahora se llama disclosure; la leave (autorización) ha pasado a denominarse permission.

 

Pero ya me he extendido demasiado, así que dejaré el análisis de estos cambios terminológicos para mi próxima entrada.

 

Y porque seguro te interesa conservar la terminología relacionada con la Reforma Wolf que aparece en este artículo, ¡déjame simplificarte la vida! Aquí abajo puedes descargarte gratis una tabla comparativa de todo este vocabulario.

 

¡Hasta la próxima!

 

[1] Access to justice: interim report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales, Woolf, Harry Sir (1995), Lord Chancellor’s Department, London.
Fuentes:
Alcaraz Varó, Enrique. (2012) El inglés jurídico. Barcelona: Ariel, pp. 58-60.
Cunningham-Hill, Susan; Elder, Karen. (2017) Civil Litigation 2017-2018. Oxford: Oxford University Press, p. 131.
Sime, Stuart. (2016) A Practical Approach to Civil Procedure. Oxford: Oxford University Press, pp. 174 – 175.
The Woolf Reforms and the Civil Procedure Rules 1998. Disponible en: https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/technicalmanual/Ch13-24/Chapter19/part2/part_2.htm
Viviana Mollica, Claudina Richards. (2016) English law and terminology. Baden-Baden: Nomos, pp. 60 – 67.
Vorrasi, Kenneth M. (2004) England’s Reform to Alleviate the Problems of Civil Process: A Comparison of Judicial Case Management in England and the United States; Note, Journal of Legislation: Vol. 30: Iss. 2, Article 8. Disponible en: http://scholarship.law.nd.edu/jleg/vol30/iss2/8

 

Descárgate “The Woolf Reform o las Civil Procedure Rules: terminología”

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